La competitividad, obligación del Estado y el pago de los impuestos


Los impuestos en México es un tema tabú, el contribuyente hace como que los paga mientras el gobierno hace como que los pone a trabajar, este es un secreto a voces con el que no podemos seguir. La obligación constitucional de pagar impuestos (establecida en el artículo 31 fracción IV de la constitución) es algo que no se puede eludir, ya que si bien es cierto es una carga para el particular, también lo es que este pago de impuestos debe de traducirse en un beneficio para el pagador del tributo, es decir, debe de contar con mejores servicios de educación, salud, infraestructura, etc.

Se nos dijo que con las reformas estructurales el país tendría más competitividad, que ya no subiría el precio de la gasolina, el gas, la energía eléctrica, entre otros, pero en la práctica hemos visto que nada de esto ha pasado, al contrario, cada día  todo sube más y esto no parece tener fin. Por otra parte, con el paso del tiempo hemos visto como se ha incrementado la carga tributaria para el contribuyente (monetaria y administrativamente), que no se ve reflejada en los beneficios que se obtienen a cambio.

No es que se esté en contra de los cambios que ha venido realizando la autoridad (como la contabilidad electrónica, el CFDI 3.3 y demás), sin embargo, el estado debe de crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sustentable en donde ambas partes se vean beneficiados (gobernantes y gobernados). Si hay competitividad, hay crecimiento económico, lógicamente habrá mayor inversión y por ende, debe también traducirse en una mayor recaudación de impuestos.

Las exigencias no son ni deben de ser únicamente para los gobernados, sino que el estado tiene que cumplir también con sus obligaciones constitucionales, como lo son por ejemplo las establecidas en los dos primeros párrafos del artículo 25 constitucional (solo por citar uno, que dicho sea de paso, es desconocido por muchos de los ciudadanos mexicanos), para poder crear las condiciones necesarias para que pueda haber competitividad (con todo lo que ello conlleva) y se puedan cumplir sin ningún problema con toda la carga tributaria, en lugar de estar estancados económicamente pero pagando cada vez más impuestos ya sean directos o indirectos.

El artículo 25 constitucional en sus dos primeros párrafos establece:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.”

Como puede observarse, el estado como encargado de incentivar el desarrollo económico del país, debe crear las condiciones necesarias para fomentar el crecimiento económico, el empleo, una distribución de la riqueza más equitativa, entre otras cosas. Sin embargo, dista mucho la realidad de lo que la constitución en su Artículo 25 establece. La distribución de la riqueza en México es muy inequitativa, el crecimiento económico es insuficiente, los precios de los servicios y de la canasta básica cada vez son más altos; no está haciendo el gobierno la parte que le corresponde y claramente nos podemos dar cuenta de esto en cualquier momento de nuestra vida, dentro de nuestras casas o fuera de ellas. Contamos con servicios de salud, educativos y una infraestructura que cada día  son menos competitivos (servicios públicos, por supuesto) y no avanza de acuerdo a nuestra realidad. Estamos atrapados entre el aumento del gasto en la economía familiar y la carga fiscal, cada día es más notorio en nuestro bolsillo esa disparidad en la situación económica que vivimos en el país, y no solo ello, los que estamos inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes cada día nos sentimos más atrapados en un laberinto sin salida, hasta el grado de sentirnos acosados peor que delincuentes, nos atacan por correo electrónico, celular, teléfono fijo, correo postal y se modifican las leyes a modo tal, que hasta ahorita estamos en una situación insostenible.

La modificación a las leyes fiscales es cada vez más estrictas y con el uso de la facturación electrónica (entre otros medios con que cuenta la autoridad recaudadora) es una manera de estar metidos en nuestra vida de manera total: cuentas bancarias, seguridad social, todo está relacionado y esto hace que, en algunos casos, el empresario busque maneras cada vez más sofisticadas para adecuarse a los tiempos y buscar la manera de disminuir la carga tributaria, ya que muy posiblemente considera que sus impuestos no están trabajando de la manera adecuada o que simplemente los gobernantes se quedan con dicho dinero (ejemplos los hay de sobra), cosa que desde luego no es correcta, ya que es claro que el evadir el pago de los impuestos es un delito, por lo que no debería de ser una opción.

El no creer en las instituciones de gobierno y en los mismos servidores públicos, es un punto que debemos de atacar y más en estos tiempos que estamos viviendo de grandes cambios en el país. Si queremos que el gobierno cubra la finalidad que la constitución le establece, debemos de cumplir también como ciudadanos en el pago en tiempo y forma de nuestros impuestos, derechos y obligaciones fiscales.

De esta manera, podemos exigir que sean utilizados y retribuidos en beneficio para la sociedad en general. Al ofrecer a los encargados del sector privado garantías de que sus impuestos van a trabajar de la manera debida, gustosamente cumpliríamos con nuestra obligación constitucional de contribuir al gasto público, como sucede en otras partes del mundo.

Por otra parte, las exigencias deben de ir a la par, es decir, si el contribuyente tiene cada vez más obligaciones y exigencias por parte del gobierno para cumplir con toda la carga impositiva y hacerlo de manera puntual, este último también debe de cumplir cabalmente con sus deberes, entre otros, lo que mandata el artículo 25 constitucional en sus dos primeros párrafos, para que la economía crezca y de esta forma se generen más inversiones, se abran más y mejores empleos (no olvidar que los contribuyentes personas físicas cautivos son los asalariados). Es lógico suponer que si el empresario no ve que existan las condiciones económicas y regulatorias necesarias en nuestro país, no va a querer arriesgar su dinero.

Así como se debe de fomentar la cultura del pago de impuestos, debemos también fomentar la cultura del conocimiento de nuestra constitución (como mínimo), para poder saber cuáles son nuestros derechos, así como nuestras obligaciones y las del estado, ya que indiscutiblemente como sociedad tenemos que inmiscuirnos más en estos temas para que, no solo nos estén exigiendo a nosotros con el cumplimiento de nuestras obligaciones (tributarias en este caso), sino exigir nosotros también al estado que cumpla con sus tareas.

 

CP Janny Barrera @CPJannyBarrera

CP y LD Juan Alberto Rentería Almada @juan_renteria

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